Reclamación de una factura impagada por un contrato del sector público: derechos del contratista y procedimiento a seguir.
Según el procedimiento que fija la ley, el contratista debería haber cobrado los trabajos efectuados para la Administración Pública en un máximo de 60 días desde su finalización. En caso contrario, existe un procedimiento para reclamar el pago en vía administrativa y en vía judicial con plazos muy cortos y serias penalidades para la Administración.
Introducción.
Es conocido que los contratos del sector público están sometidos a unas reglas muy complejas y exigentes para seleccionar al contratista. Una vez que el contrato está adjudicado, viene la fase de su ejecución, etapa en la que pueden aparecer varios problemas: que surja la necesidad de cambiar el objeto del contrato, que el contratista no cumpla bien sus prestaciones, o que la Administración no pague a la empresa contratista, entre otros. Estos supuestos tienen una regulación específica en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP), pues el carácter público de la entidad que contrata la obra o servicio determina la necesidad de establecer diferencias respecto de la contratación entre privados.
En este artículo hablaremos de cómo puede actuar la empresa contratista para reclamar el impago de los trabajos efectuados para una Administración Pública.
Procedimiento para el pago de la factura.
El artículo 198.4 de la LCSP es muy claro a la hora de fijar los derechos del contratista:
- Una vez entregada la obra o prestado el servicio contratado, la Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a dicha entrega o prestación.
- En paralelo, es preciso que el contratista haya presentado ante la Administración, también en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio, la factura correspondiente.
- Seguidamente, la Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad de la prestación contratada.
Esto significa que, según el procedimiento que fija la ley, y si todas las partes hacen lo que deben, el contratista debería haber cobrado los trabajos efectuados en un máximo de 60 días desde su finalización y entrega a la Administración contratante.
Demora en el pago: devengo de intereses y costes de cobro.
Si la Administración se demora en el pago, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento del plazo de treinta días, los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Al respecto, cabe destacar lo siguiente:
- En primer lugar, si el contratista presenta la factura una vez transcurridos los treinta días antedichos, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de la correcta presentación de la factura.
- En segundo lugar, de acuerdo con los artículos 5 y 7 de la Ley 3/2004, los intereses de demora se devengan de forma automática, sobre el importe base (que incluye el IVA, según la sentencia TJEU de 20 de octubre de 2022), y según el tipo de interés siguiente: o bien el pactado en el contrato o bien, a falta de pacto, según el que resulte de sumar el tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente operación principal de financiación efectuada antes del primer día del semestre natural de que se trate, más ocho puntos porcentuales.
- Finalmente, de acuerdo con el art. 8 de la Ley 3/2004, la indemnización por los costes de cobro se reconoce de forma automática en la cifra de 40 euros por cada factura impagada, más el importe que el contratista pueda acreditar que ha soportado para reclamar la deuda a la Administración.
Como se advierte, la ley protege bien a la empresa contratista, con fuertes penalizaciones a la Administración en caso de impago dentro de plazo, lo cual se interpreta como un “incentivo” para que la Administración cumpla en tiempo sus obligaciones de pago.
Reclamación en vía administrativa: conceptos y procedimiento.
Según el art. 199 de la LCSP, si transcurre el plazo de 30 días sin que la Administración haya pagado la factura, los contratistas podrán reclamar por escrito a la Administración contratante el cumplimiento de la obligación de pago y, en su caso, de los intereses de demora.
A partir de ese momento, si transcurre un mes y la Administración no ha contestado ni pagado la factura, se entenderá reconocido el vencimiento del plazo de pago y los interesados podrán formular recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración.
Nuevamente se advierte que los plazos son bien reducidos para la Administración: si la Administración no paga en los plazos que la ley le obliga, la empresa contratista podrá reclamar por escrito el pago de la factura, los intereses y los costes de cobro, y si en un mes la Administración ni paga ni contesta, ya se entiende aceptada la obligación de pago por lo que el contratista ya puede acudir a los Tribunales de Justicia.
Reclamación en vía judicial.
Asistimos aquí a una aparente contradicción entre la LCSP y la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (LJCA):
Con carácter general, la LJCA regula en su artículo 29 lo que se denomina recursos contra la inactividad de la Administración. En el apartado 29.1 se estable que cuando la Administración, en virtud de un acto, contrato o convenio administrativo, esté obligada a realizar una prestación concreta en favor de una persona determinada, quienes tuvieran derecho a ella pueden reclamar de la Administración el cumplimiento de dicha obligación. Si en el plazo de tres meses desde la fecha de la reclamación, la Administración no hubiera dado cumplimiento a lo solicitado la persona afectada podrá deducir recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración.
Sin embargo, como hemos visto, la LCSP rebaja este plazo a un mes. ¿cómo debe interpretarse esta aparente contradicción? Tanto aplicando la regla de que la ley especial prevalece sobre la general, como la regla de que la ley posterior prevalece respecto de la anterior, es claro que, en el caso de un contrato del sector público, el plazo válido es el de un mes de la LCSP y no el de tres meses de la LJCA.
Por consiguiente, transcurrido un mes desde la reclamación a la Administración sin que esta pague o conteste, el contratista puede acudir a los tribunales.
Además, el contratista podrá solicitar al órgano judicial correspondiente la adopción de una medida cautelar de pago inmediato de la deuda. Obsérvese que, en este caso, la obligación de la Administración de pago no solamente viene por mandato general de una ley sino por mandato concreto, directo e individualizado de un juez, lo cual añade gravedad a un posible incumplimiento.
La ley dispone que el órgano judicial adoptará la medida cautelar salvo que la Administración acredite que no existe la deuda o que la cuantía no es correcta, en cuyo último caso, la medida cautelar se acordará, pero limitada al importe correcto.
Finalmente, la ley estipula que, si la sentencia confirma la obligación del pago de la totalidad de la deuda reclamada, condenará en costas a la Administración demandada.
Conclusiones.
Como se advierte, la regulación legal es muy clara y contundente en el sentido de proteger los derechos de cobro de las empresas contratistas, tanto en lo sustantivo como en lo procedimental.
El principal escollo para las empresas son las reticencias para demandar a una Administración que posiblemente, en el futuro, vuelva a licitar un contrato al que estas empresas pretendan presentarse. Sin embargo, una cosa no debería condicionar la otra pues, precisamente para evitar conductas inapropiadas de la Administración, el ordenamiento jurídico determina las normas para adjudicar un contrato y como es evidente, el haber reclamado con anterioridad el impago de una factura no penaliza a las empresas licitadora.



