Diferencias entre la expropiación por el procedimiento ordinario y la expropiación por el procedimiento de urgencia en el ordenamiento jurídico español

por | Oct 7, 2026 | Expropiaciones

Diferencias entre la expropiación por el procedimiento ordinario y la expropiación por el procedimiento de urgencia en el ordenamiento jurídico español

En el procedimiento de urgencia, debido a una causa excepcional que justifica una necesidad inmediata de disponer de los bienes a expropiar, la Administración primero ocupa la finca y después discutirá el precio con el particular, lo que supone una menor protección jurídica respecto al procedimiento ordinario.

1.- Introducción

La expropiación forzosa es una institución jurídica que permite a la Administración privar a una persona de sus bienes siempre que exista una causa de utilidad pública o interés social y se pague la indemnización correspondiente. 

La Ley de Expropiación Forzosa de 1954 prevé dos procedimientos principales para llevar a cabo una expropiación: el procedimiento ordinario y el procedimiento de urgencia. Aunque ambos comparten el objetivo de garantizar los derechos de los afectados, presentan diferencias significativas que en este artículo vamos a analizar. 

2.- Diferencias entre el procedimiento ordinario y el procedimiento de urgencia.

a.- Definición y justificación del procedimiento.

El PROCEDIMIENTO ORDINARIO es el procedimiento general establecido por la LEF para llevar a cabo una expropiación y se caracteriza por priorizar la seguridad jurídica y el respeto a los derechos de las personas afectadas.

El PROCEDIMIENTO DE URGENCIA, en cambio, está reservado para situaciones excepcionales en las que resulta imprescindible disponer inmediatamente de los bienes o derechos afectados (una catástrofe natural, por ejemplo). La justificación de la urgencia debe estar debidamente motivada por la Administración, ya que este procedimiento implica una alteración significativa de las garantías procesales.

b.- Fases del procedimiento:

En el PROCEDIMIENTO ORDINARIO, una vez hecha la declaración de utilidad pública o interés social, la Administración inicia el procedimiento expropiatorio con las siguientes fases:

  1. Aprobación de la relación de bienes y derechos afectados: Se determina qué bienes se necesitan exactamente para ejecutar una obra determinada (una carretera, por ejemplo).
  2. Audiencia a los afectados: La Administración expropiante notifica a los propietarios para que puedan presentar alegaciones (sobre la titularidad, si hay o no arrendatarios o actividades económicas afectadas, etc.). No es el momento de discutir el precio todavía.
  3. Determinación del justiprecio: Posteriormente, se inicia la fase de justiprecio, en la que la Administración intenta llegar a un acuerdo con los propietarios de los bienes afectados. En caso de desacuerdo, se recurre al Jurado de Expropiación Forzosa (órgano administrativo que fijará el justiprecio de los bienes a expropiar). Esta fase puede alargarse meses, ya que implica una negociación entre las partes y, finalmente, puede requerir la intervención de un órgano administrativo distinto del que expropia.
  4. Pago y ocupación: Tras determinar el precio de los bienes a expropiar, la Administración lo paga a los propietarios y solo entonces puede ocupar la finca, momento en que se transmita la titularidad de la misma.  

En el PROCEDIMIENTO DE URGENCIA, hay una alteración destacada del orden anterior, debido precisamente a la urgencia que motiva la expropiación:

  1. Declaración de urgencia: Acompaña la declaración de utilidad pública y debe estar suficientemente motivada, ya que es lo que permite alterar el orden de la tramitación del expediente.
  2. Acta previa: Una vez aprobada la relación de bienes y derechos afectados, la Administración y la propiedad describen en un acta las principales características del bien a expropiar (dimensiones, forma, cultivos, edificaciones, arrendatarios, accesos, etc.).
  3. Acta de ocupación: Abonando una cantidad a cuenta, la Administración ya puede ocupar los bienes afectados y comenzar la obra urgente que ha motivado precisamente la declaración de urgencia.
  4. Determinación del justiprecio: Esta fase se realiza igual que en el procedimiento ordinario, pero en un momento posterior a la ocupación de los bienes por parte de la Administración.

c.- Plazos y garantías para los afectados:

El PROCEDIMIENTO ORDINARIO sigue un calendario más estructurado, que puede prolongarse durante meses o incluso años, según el caso. Durante este tiempo, los afectados tienen una participación más relevante y pueden negociar mejor el justiprecio.

El PROCEDIMIENTO DE URGENCIA es mucho más rápido, permitiendo a la Administración disponer de los bienes en un plazo muy breve tras la declaración de urgencia. Y si algo se dilata en el tiempo, es la fijación y pago del justiprecio, pero no la puesta a disposición de la finca para que la Administración pueda comenzar las obras. Por lo tanto, la capacidad de defensa del propietario es menor.

3.- Conclusiones

La diferencia fundamental entre la expropiación por el procedimiento ordinario y por el procedimiento de urgencia radica en que, en el procedimiento ordinario, la Administración no ocupa los bienes afectados hasta que ha pagado el justiprecio tras seguir los procedimientos legalmente establecidos. En cambio, en el procedimiento de urgencia, debido a una causa excepcional que justifica una necesidad inmediata de disponer de los bienes a expropiar, la Administración primero ocupa la finca y después se discute el precio con el particular. Esto supone una menor protección jurídica respecto al procedimiento ordinario.

Por ello, es muy importante contar con el asesoramiento de un equipo jurídico experimentado en este tipo de expedientes para defender bien los intereses en cada caso.

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